EN LAS MISMAS...

No se por qué las ultimas cifras sobre tasas de homicidios publicadas esta semana, en relación con Cali, no nos dejan muy tranquilos.

Y debieran. Si tomamos en cuenta que en enero de este año se reportó que la tasa en mención era de 87 por cada cien mil habitantes (aunque otros reportes contradijeron este dato) para el año 2.005, la cifra actual sería un avance pues los informes de la Policía Nacional y el Dane la ubican en 56.

Pero, igual, seguimos siendo la ciudad mas violenta de Colombia y sobrepasamos en 22 puntos (o muertos) el promedio nacional de 34. Y si nos comparamos con Bogotá, que bajó sorprendentemente a 23, Medellín, con 31, y Barranquilla, con 25, podemos decir que estamos graves. O, mejor, que seguimos graves.

¿Que sucede en esta ciudad en materia de violencia para que nos cueste tanto llegar a promedios de verdad significativos en la reducción de la tasa de homicidios o muertes violentas? ¿Somos más intolerantes que el resto de los colombianos? ¿Tenemos todavía vigentes entre nosotros las leyes de la traquetocracia, en la que las cuentas, las ofensas o los negocios se arreglan a balazo limpio? ¿Todas las anteriores?

En realidad, podríamos decir sí a todo y seguir en las mismas. De lo que si no cabe duda alguna es de que, cada tanto, suceden hechos de violencia que nos asustan por su tremenda inhumanidad y la desafiante osadía de sus perpetradores, como el caso de dos personas que hace unas semanas, en hechos distintos, fueron quemadas vivas en el interior de vehículos parqueados en plena vía publica y a la luz del día. Y, salvo los gestos de horror y los obligados comentarios de repudio, el shock duró escasamente un día.

Hoy, por ejemplo, nada se sabe de estos casos. Solo las comodinescas declaraciones de la Policía sobre “venganzas personales”, “ajustes de cuentas” y “guerra entre narcotraficantes”, frases huecas y manidas, se ofrecen como explicación. Pienso que, dada la conmoción social que ocasionan estos eventos, los caleños necesitamos que se nos diga, en serio, en que van las investigaciones de estas atrocidades. Pero como nada se dice, la sensación de vulnerabilidad y de barbarie se hace mas patente en la ciudad.

Volviendo al tema de las cifras, el asunto pareciera irremediable. Pero no lo es. Si Bogotá, con sus más de siete millones de habitantes, y Medellín, con una cifra similar de habitantes a la de Cali, le pudieron quebrar el pescuezo a la violencia urbana, por qué no podríamos nosotros lograr lo mismo.

Para el caso de Bogotá se ha destacado el aumento sustancial de la inversión pública en pie de fuerza y en convivencia ciudadana en las zonas criticas, además de un mayor gasto social localizado en áreas de riesgo. En Medellín es notorio el papel predominante del Estado en diversas facetas ciudadanas que son focos potenciales de violencia (jóvenes, niños y grupos familiares).

Nada de esto es imposible de realizar en Cali. De hecho, la disminución de la tasa de homicidios se debe en parte a ciertas medidas de control social articuladas, al fin, entre diversos órganos estatales. Pero falta y mucho.

De verdad por acá estamos mamados de seguir ocupando ese triste lugar en las estadísticas de mortalidad. Queremos vida, no muerte.

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Pastrana, renunciado; Samper, deshauciado.

¿Será que en este país para ser embajador se necesita haberla cagado y en grande?

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Definitivamente el volcán Galeras es el eterno cuento pastuso de los colombianos. Así tosa, escupa, fume y se tire azufrosos y ocasionales pedos de vez en cuando solo va estallar cuando le de la gana. Ni antes ni después. Quizá alguien podría darle este dato al Gobierno para que deje la ridiculez de prender alarmas cada vez que un pastuso se fume un cigarrillo al pie del volcán.

Cali
Valle+del+Cauca
Colombia
Sociedad
Violencia

OPINIÓN/ LOS MUERTOS PERDIDOS

Debo confesar, de entrada, que las estadísticas oficiales me producen instintiva desconfianza. Muchos más cuando se refieren a asuntos de mortalidad y seguridad ciudadana. Por eso, parafraseando a Pascal (creo), diría que las estadísticas del Gobierno en esa materia, en la medida en que son ciertas, no tiene que ver con la realidad y, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas.

Ese es el caso precisamente de las estadísticas sobre disminución de los índices de mortalidad violenta en el país y en Cali, que desde hace algunas semanas vienen dando bandazos de tal naturaleza que, a estas alturas, andan embolatados algo así como 3.500 muertos, refundidos en la maraña de las cifras que manejan diversos organismos estatales.

El asunto es así: El periódico El Tiempo publicó el 3 de enero de este año un informe según el cual la Policía reportaba 637 asesinatos menos que el 2004, pasándose de 2.402 muertes violentas a 1.765. Las cifras del Observatorio Social de la Alcaldía arrojaban una reducción de 588 casos. El secretario de Gobierno de Cali, Miguel Yusty, aseguraba con rostro extasiado que la ciudad había bajado a la mitad el número de muertos diarios y que la tasa de homicidios estaría en 48 casos por cada 100 mil personas. El júbilo inmortal era comprensible: Esta era, por mucho, la única noticia buena en el gobierno de Apolinar Salcedo.

El día 6 de enero el mismo periódico El Tiempo reseñaba el informe de Medicina Legal en el que se afirmaba que en el 2.005 se habrían registrado en el país 14.503 casos de muertes violentas, equivalente a un promedio de 40 diarias. Dicha cifra implicaba una reducción de 23 por ciento (4.385 sucesos) con relación al 2004, cuando se contabilizaron 18.888 muertes violentas. En el 2003 se presentaron 22.199; en el 2002, 28.534, y en el 2001, 27.685, aseguraba el mismo informe.

Fresca aun la tinta de la citada noticia, el día 11 de enero El Tiempo sorprendentemente publica un nuevo informe que apaga de un manguerazo el optimismo oficial sobre la materia. En efecto, según el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía (CIC) la cifra de muertes violentas fue de 18.096, es decir, algo así como 3.590 mas que los reportados por Medicina Legal.

Esta nueva estadística implicaría, claro, un replanteamiento de los porcentajes de la pregonada reducción de homicidios con relación al 2004, pues mientras Medicina Legal aseguraba que la disminución fue del 23 por ciento, al pasar de 18.888 asesinatos a 14.503, la Policía afirmaba que esta solo alcanzó el 10,4 por ciento: de 20.208 a 18.096. Por ende, también varía la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. La Policía Nacional dicen que es 39 y Medicina Legal, 31,5.

Aquí en Cali, por supuesto, el brinco fue tremendo. Que como así, que no puede ser, que no es posible, etc. El caso es que para esta ciudad, mientras el Instituto de Medicina Legal señalaba una tasa de homicidios de 127,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2005, el Instituto Cisalva (que es una institución académica, valga la pena anotar) indicó que fue de 87. Es, como puede verse, una diferencia sustancial. La Alcaldía, ni boba que fuera, se inclinó por defender la segunda cifra.

En este rifirrafe de cifras y mas cifras lo único claro es que no hay a quien creerle. Medicina Legal asegura que sus cifras son mas precisas, porque, por ejemplo, mientras la Policía puede reportar una muerte como consecuencia de un accidente de transito, la autopsia puede revelar que fue un homicidio. Debo aclarar que se me hace muy difícil tragarme semejante cosa porque no entiendo como un tipo espichado por un camión viene a resultar después de la necropsia como un homicidio distinto al culposo en accidente de transito. Además, tampoco entiendo eso en que varía la cifra, pues muerte natural no es. ¿O sí?

Lo que sí viene pasando desde hace algún tiempo es que los organismos oficiales, embarcados en una frenética competencia de cifras y guarismos, tratan de cuadrar caja con refinamientos y filtros rebuscados en los números de muertes que reportan. Todo, por cuenta de mostrar resultados por eficiencia en su labor que, puestos en la realidad, sabemos que no son tales. En Cali, valga por caso, si al muñeco lo secuestraron y lo mataron en la ciudad pero lo botaron en Jamundí, que pena, pero ese muerto es de ellos y no de nosotros. Así, claro, cualquier cifra disminuye, porque también si el muerto era de otros lares pero llegó herido y aquí se murió, también lo eliminan de la cifra oficial de la ciudad, pero termina sin ubicación de ninguna clase. Total, el muerto casi nunca protesta.

La causa principal de estas incoherencias estadísticas, por mas retórica que le quieran echar, radica exclusivamente en que son las mismas entidades ofíciales que deben mostrar resultados sobre la materia (Policía, Secretaria de Gobierno, etc.) las encargadas de llevar las cuentas. El resultado es obvio. Entra más peluqueadas resulten las cifras, mas logros se obtienen para darse falsas ínfulas los burócratas de turno. Lo grave es que más allá del problema de imagen de una administración, tenemos la tremenda desconfianza que suscitan estas imprecisiones, incrementada por el hecho de que, al final, nadie aclara nada y todo queda de ese tamaño.

Por eso creo saber que se hicieron los 3.500 muertos extraviados. Resulta que en ese intenso trasteo de difuntos entre entidades se les refundieron, pues, como en todo trasteo, algo se pierde. La pregunta es: ¿Son muertos reales? ¿Se murieron de verdad, los velaron, los lloraron, los metieron en ataúd y los enterraron? ¿O se los inventó algún ignoto digitador trasnochado? ¿Quien puede aclararnos el entuerto? Nadie, según parece, pues aquietado el debate nadie volvió a decir esta boca es mía. Y como los perdidos están muertos, el silencio es sepulcral.

De todas formas, sí aparecen, hagan cualquier cosa con ellos: Un balotto, extradítenlos, repártanlos entre los municipios con menos de 5 muertos al año o algo así. Pero, por favor, no los manden para Cali que por acá, con los que tenemos a diario, hay mas que suficientes.

LA PAJA EN EL OJO AJENO

Esa irritante costumbre de los gringos de andar descertificando a sus vecinos de planeta, por causas que solo ellos mismos determinan, ya nos sabe a cacho. Y, e relación con Cali, aún mas. En ejercicio de tal costumbre el Departamento de Estado sacó hace algunos días una nueva “recomendación”, para que sus ciudadanos se abstengan de visitar esta ciudad por considerarla la mas insegura y violenta del país.

No se trata de negar la realidad que vivimos aquí, ni mucho menos. En este blog hemos sido especialmente críticos con el fenómeno de violencia desmedida e inseguridad que azota a Cali desde hace varios años. Y, en nuestro humilde concepto, esta situación no ha cambiado mayor cosa, así las estadísticas oficiales digan otra cosa. Sin embargo, lo que uno no comprende es de donde saca E.U. la autoridad moral para señalar, como inveteradamente viene haciéndolo, a otros países y latitudes como peligrosos e indignos de ser visitados.

No ahondemos mucho en la situación de Irak, por tratarse de un país lejano y bajo un innegable estado de guerra silente, pero lo cierto es que allí se metieron los norteamericanos dizque para recuperar la democracia, maestro, y terminaron creando un polvorín en el cual vienen siendo sacrificados, como en un matadero sin fin, cientos de personas a la semana, entre iraquíes y extranjeros. Los mismos ciudadanos gringos, y no digamos sus soldados, son objetivo militar permanente, lo cual resulta una extraña paradoja, pues la propaganda oficial justificó la invasión bajo el propósito de buscar mayor seguridad para el mundo y para los mismos E.U. Y todos venimos viendo los resultados.

Pero, volviendo al caso de Cali, según las ultimas y muy cacareadas estadísticas, la ciudad tuvo muchos menos muertos el año pasado que en el 2.004, bajando los porcentajes a 87 muertes violentas por cada cien mil habitantes, para un total de 3.097. Si hemos de creer tales cifras, pues es obvio que la ciudad ofrece un mejor clima en cuanto a seguridad ciudadana. Y, contando con que los gringos conozcan a la perfección esta circunstancia, suena entonces raro que nos sigan jorobando con sus dichosas “recomendaciones”, situación aun más incomprensible si se tiene en cuenta que, dado el intenso romance Bush-Uribe, somos, por ahora, un país amigo.

Lo que si tengo claro es que uno tiene derecho a quejarse de la inseguridad o, al menos, a señalarla como un defecto ajeno, solo cuando en su propio vecindario esas cosas tan malucas, como homicidios, hurtos violentos, violaciones y demás lindezas, no se ven o se ven poquito. Pero al echarle una ojeada a las estadísticas de crímenes violentos de las ciudades gringas uno queda, por decir lo menos, estupefacto.

En el informe publicado en el mes de noviembre pasado en la pagina de Internet de la BBC nos encontramos con la clasificación que se hizo, con base en las cifras sobre acciones criminales que lleva a nivel nacional el FBI para el año 2.004, sobre las ciudades mas violentas e inseguras de ese país. Y las cifras hablan por si solas: 1. Camden, New Jersey, Población: 80,648, Total crímenes violentos: 1,824; 2. Detroit, Michigan Población: 914,353, Total crímenes violentos: 15,913; 3. St. Louis, Missouri, Población: 335,143, Total crímenes violentos: 6,897; 4. Flint, Michigan, Población: 120,681, Total crímenes violentos: 2,324; 5. Richmond, Virginia, Población: 196,667, Total crímenes violentos: 2,700; 6. Baltimore, Maryland, Población: 634,279, Total crímenes violentos: 11,667; 7. Atlanta, Georgia, Población: 430,066, Total crímenes violentos: 7,922; 8. New Orleans, Louisiana, Población: 471,057, Total crímenes violentos: 4,467; 9. Gary, Indiana, Población: 100,637, Total crímenes violentos: 677; 10. Birmingham, Alabama, Población: 238,167, Total crímenes violentos: 3,261.

Como pueden verse, la mayoría de estas ciudades son pequeñas o medianas, pese a lo cual, presentan una altísima criminalidad que establece una tasa de entre 22 y 30 delitos violentos por cada mil habitantes, dentro de los cuales los homicidios representan algo así como un 50 o 60%. Es decir, que si proyectáramos estas cifras frente a los guarismos estadísticos que se tienen para Cali, tendríamos un resultado de entre 2.000 o 3.000 crímenes con violencia por cada 100.000 habitantes. ¡Una locura total! Y eso que no se incluyen las ciudades grandes, como Nueva York o Chicago, que aunque proporcionalmente mantienen bajas tasas de criminalidad, son monstruos urbanos que conservan cifras de miles de delitos violentos al año.

Vale recordar, entonces, por un lado, que Cali es una ciudad con cerca de tres millones de habitantes y, por otro, que en E.U. no hay guerrilla, paramilitares, ni “rastrojos” y “machos” tratándose de exterminar entre si. Tampoco tienen, al menos las ciudades mencionadas, zonas de miseria como las del Distrito de Aguablanca o de los barrios de ladera. Además, los gringos se ufanan de haber acabado prácticamente con las mafias italianas, primero, y rusas y chinas, después, mientras que aquí subsisten muchas organizaciones mafiosas herederas de los legendarios y temibles carteles de la droga.

Entonces, le vienen a uno a la memoria las impactantes imágenes y textos de los documentales de Michael Moore sobre la proverbial violencia urbana de los norteamericanos. En su película “Bowwling the Columbine”, este acérrimo critico de la sociedad gringa infiere que el cóctel explosivo del que se nutre la violencia en las ciudades de E.U. está compuesto basicamente de miedo sicótico y adicción por las armas, o viceversa. Al final, concluye, lo que mueve a los gringos en casi todas sus reacciones, tanto colectiva como individualmente, al igual que determina su política exterior, es el miedo. Por ello, se han ido retrayendo a vivir en casas y suburbios rodeados de murallas, alarmas, guardas y armas de todo tipo, esperando ser atacados, robados o asesinados por sus mismos vecinos. Y en idéntica forma miran al mundo, más aun después de la catastrófica irrupción del terrorismo islámico en su sacrosanto Wall Street. .

Por eso, no es raro que, a pesar de que ellos corren mas peligro en cualquier calle de algunas de las ciudades mencionadas que parados en la Plaza de Caicedo, nos escrutan con su arrogancia habitual y nos clasifican en proporción, no a nuestra realidad, sino a su miedo. Así que, allá ellos. Lo que si resulta ofensivo son todos esos aspavientos y brincos de nuestras “fuerzas vivas”, que se rasgan las vestiduras y ponen cara de perro apaleado – no había sino que ver la cara de Miguel Yusti, secretario de Gobierno, cuando le interrogaban al respecto en un noticiero local- cada vez que el Departamento de Estado emite una de sus cíclicas recomendaciones, como si fuera una sentencia de muerte.

Por tanto, mientras los gringos no aprendan a mirar la paja en su propio ojo, tendremos que seguir sufriendo las consecuencias de su falsa, miedosa y arrogante moral que, como una bofetada, nos zampan de vez en cuando.

NUESTROS ASESINOS

Cuando de productos típicos colombianos se habla a uno le vienen a la cabeza cosas como el sombrero vueltiao, la bandeja paisa, el tamal valluno, las esmeraldas, etc. Pero ahora, por cuenta de la criminalística nacional, surge como nueva pieza del collage típico de nuestro país un elemento inesperado y siniestro: EL ASESINO COLOMBIANO.

El periódico El País publicó un articulo sobre el perfil del criminal colombiano, según el cual los investigadores de la llamada Unidad Especial de Comportamiento Criminal (UPCC), en lo que los gringos denominan un “criminal profiler”, se dieron a la tarea de elaborar un perfil del asesino típico de nuestro país. Para ello, asesorados por el FBI, analizaron cientos de casos de homicidios a lo largo y ancho del territorio nacional, examinando cuidadosamente patrones de comportamiento criminal que antes no se tomaban en cuenta, como objetos dejados en el cuerpo o en el lugar del crimen, rituales de brujería, uso de símbolos religiosos, o simplemente, la forma como se perpetraron los homicidios.

En realidad esto no es nuevo. Ya en noviembre del año 2003 el periódico El Tiempo publicó un articulo similar, solo que en esa ocasión el estudio lo había elaborado el Das mediante una encuesta realizada entre mas de 250 detectives y criminalistas especializados en caso de homicidios. Dicho estudio estableció que el 52% de los consultados conocía casos en el que el asesino volvía a la escena del crimen; el 38% afirmó que el homicida deja insignias u objetos simbólicos sobre el cadáver; el 24% aseguró que el delincuente utiliza oraciones seudoreligiosas para protegerse; el 8% dijo que el criminal mutila o tortura a su víctima antes de matarla y un 3% aseguró que era común que el homicida le propinara un tiro de gracia a la víctima en la boca o en la frente.

Comparando estos dos análisis se encuentra uno con varios hechos sorprendentes. Uno de ellos, quizás el mas triste, es la creciente participación de la mujer en la actividad criminal, en especial la del sicariato y el homicidio masivo, delitos en los cuales no era común el involucramiento del genero femenino. Se menciona, por ejemplo, el caso de quince brutales homicidios en serie cometidos en el año 2.003 en el Magdalena Medio a manos de una mujer perteneciente a bandas paramilitares de la región. Conocida como “La doctora”, esta siniestra fémina acostumbraba a desmembrar cuidadosamente a sus victimas y a extraerles posteriormente los órganos internos para acomodarlos, pulcramente, junto al cadáver. En el informe de la UPCC se hace referencia al caso de una mujer que, en la escena de seis tomas guerrilleras de las Farc ocurridas en los últimos tres años, desnudaba los cadáveres de policías muertos para quemarles sus genitales con un spray y la llama de un encendedor. Como puede verse la necrótica brutalidad se reparte por igual en los dos bandos.

Tambien en la actividad sicarial ha empezado a notarse la participación femenina. Varias mujeres, especialmente jóvenes, son ahora gatilleras profesionales, dispuestas a eliminar por encargo a sus victimas, seguramente ayudadas por la confianza instintiva que inspiran en el genero masculino y, en general, en todas las personas. Esto revela una especie de ascenso en la escala criminal, pues, en línea general, la actividad de las mujeres se limitaba a la de servir de carnada, o de carrito, o de fleteras para las bandas delincuenciales dedicadas al hurto bancario, de automóviles y residencial. Recordemos aquí la participación de dos mujeres en el grupo de delincuentes que intentaron asaltar y que ocasionaron de un disparo la postración que ahora padece el técnico de fútbol Luis Fernando Montoya. Pero, según parece, su perfil delictivo en la actualidad es mucho más activo y más letal.

Así lo demuestra un caso ocurrido el 2 de septiembre de 2003, que el periódico El Tiempo relata así: “En una cafetería del sur de Bogotá (frente al hospital de Kennedy) entraron Jenny Liceth Agudelo, de 21 años, y Sandra Milena Santo, de 20, la primera solicitando un baño para evacuar “una emergencia”, y la otra pidiendo un yogur de fresa. Luego Jenny Liceth sacó de su bolso una pistola, y su compañera empuñó un revólver. Se cruzaron una mirada como de santo y seña, se acercaron a dos hombres, Adrián Morales y César Andrés Botero, que departían en el lugar y que fueron señalados después por las autoridades como comerciantes de dudosa reputación, y sin darles tiempo de sacar sus respectivas armas les dispararon a quemarropa -a Morales en la cabeza y a Botero en el rostro-. Con serenidad de profesionales, las dos mujeres guardaron las armas, caminaron hasta la calle, tomaron un taxi al que abandonaron más adelante, y finalmente abordaron un bus”. Capturadas poco después por las autoridades, cuando uno de los agentes les mencionó que uno de los hombres aún vivía, una de ellas se limitó a decir con frialdad: “Si es así, no demora en morir. Ese no se salva”.

Otro aspecto revelador de estos estudios estriba en la misma crueldad con que se perpetran los crímenes. La utilización de motosierras fue tristemente celebre entre las primeras bandas paramiitares y en las mismas vendettas de las mafias del narcotráfico, lo cual de alguna forma parecería indicar su común origen. El degollamiento, la mutilación de los órganos sexuales, las quemaduras sistemáticas, la asfixia lenta con bolsas plásticas o cuerdas, la incineración cuando la victima aun vive, la introducción de objeto punzantes como clavos, puntillas y similares en el cráneo y las manos y la violación de la victima durante la misma tortura, entre otros, parecen ser piezas reiterativas en esta galería del horror.

En todo caso, tales manifestaciones de sevicia indican la intención de ciertos criminales de infundir temor en el común de las personas y de demostrar poder entre su ámbito delictivo, además de que, por los mismos métodos empleados, mostrarían conductas sicopáticas que probablemente les posibilita sentir placer en matar de determinada forma. La misma actividad sicarial ha sido fuente de muchas personalidades criminales que parecen despojadas de todo sentimiento moral sobre sus actos delictivos. Recordemos el caso de Jaime Andrés Marulanda, alias “El Chiquitín”, que confesó en su propio juicio haber matado a 137 personas entre Bogotá y Soacha por encargo de las autodefensas del Bloque Capital. Cobraba 400 mil pesos por muerto.

Otro dato impactante es el rasgo religioso y ocultista de los criminales colombianos. El informe de la UPCC asegura que entre mas objetos religiosos porte el delincuente es más peligroso, pues esta circunstancia parece tener relación directa con su grado de criminalidad, su posición dentro de la organización criminal y su experiencia a la hora de matar. Imágenes del divino niño, de la virgen y de otras figuras de la iconografía religiosa católica se portan con reverencia en las billeteras de muchos de estos delincuentes, al igual que ciertas oraciones o rezos dirigidos a volverlos invisibles o inmunes a las balas o a protegerlos de las traiciones. En otros casos se han encontrado cristos de oro incrustados en el cuerpo de sicarios, que aseguran los blindan contra los ataques de los enemigos. Y los mismos proyectiles son rezados para asegurarse que entren en el cuerpo de un “blindado”.

La brujería y los ritos de la santería, el vudú y las religiones sincréticas del Brasil son casi referentes obligatorios en el ambiente criminal colombiano. Muchos de estos delincuentes consultan con asiduidad a brujos y adivinos, y comúnmente los convierten en sus consejeros habituales. Por ello, los buenos augurios para coronar un alijo de droga, para descubrir un enemigo, para confundir una investigación judicial o para librarse de rivales se aseguran a través de ritos de misa negra y de sacrificios rituales, muchos de ellos sangrientos, y de la adopción de figuras y símbolos como monedas, cruces, esvásticas, billetes, cartas de naipe y demás para identificar sus actos delictivos, como siniestros sellos de poder.

En lo que coinciden plenamente las investigaciones mencionadas es en que el criminal colombiano siempre retorna a la escena del crimen. Muchos casos han sido resueltos precisamente porque los homicidas han sido reconocidos dentro del grupo de curiosos, ya sea en los registros fotográficos o fílmicos o por los mismos testigos presenciales del hecho. Así sucedió aquí en Cali con dos de los sicarios que participaron en el asesinato de monseñor Duarte Cancino, que fueron identificados por los testigos del atentado mientras miraban la escena en el lugar de los hechos. Esta reiterativa actitud del criminal se asocia con su misma frialdad y con cierto sentido de reto a la autoridad y de desprecio por la victima y por su entorno social, aunque se asegura que tambien buscan amedrentar con su presencia a los posibles testigos.

En fin. Muchas otras cosas y ejemplos podríamos traer a colación, pero bástale al buen entendedor con estas palabras. Lo que sí tenemos que agregar es que, gústenos o no, aceptémoslo o no, la misma tierra que da gente como García Márquez, como Juanes, como Juan Pablo Montoya, como usted o como yo, también produce estos siniestros especimenes. Y que, aunque nos avergüencen y nos atemoricen, allí están y esos son, los que desangran nuestra nación.

"LOS MUERTOS QUE VOS MATAÍS...

... gozan de buena salud”, recita el verso del romancero español. Y esta rima se torna mas que precisa para aplicársela a la justicia colombiana. Así lo destaca el columnista Francisco Lloreda en El País cuando afirma que lo que hace el sistema judicial muchas veces es atropellar a los ciudadanos, al referirse a las noticias de la última semana acerca de dos casos en los cuales un hombre fue condenado injustamente a 43 años, de los cuales pagó un año, y otro estuvo preso por mas de once años por un crimen que nunca cometió.

Los errores judiciales son un defecto endémico de todo sistema de justicia. No es, pues, un mal colombiano exclusivamente. Todos hemos leído acerca de famosos casos judiciales que se resolvieron muchos años después, gracias a pruebas analizadas o acopiadas tardíamente, que permitieron que se reconociera la inocencia de hombres y mujeres encarcelados de manera injusta.

En Estados Unidos es tema inveterado el caso de Sacco y Vanzetti, ajusticiados en la silla eléctrica por asesinato en 1.927, siendo que después se supo que eran inocentes, tal como ellos lo alegaron hasta el ultimo minuto de sus vidas. Solo 50 años después se les declaró inocentes y se pidió perdón a sus familias por el gobernador de Massachussets de ese entonces. Tambien fue celebre el caso del ex boxeador “Huracán” Carter, que fue tema de una reciente película protagonizada por Denzel Washington. Últimamente, con la modernización de las técnicas forenses y en especial, con el auge de la prueba del ADN, son liberados con frecuencia reos encarcelados por errores judiciales.

El país recuerda que en el caso Galán, que se puso de moda nuevamente gracias a la vinculación de Alberto Santofimio como nuevo sindicado, tuvo tantos bandazos erráticos en los albores de la investigación que varias personas inocentes fueron capturadas, mostradas por los medios a todos el país y procesadas como participes de una conspiración para matar al candidato. Después resultó toda una febril y acomodada versión de los investigadores, a cuya cabeza estaba el General Maza y un oscuro coronel Peláez, que jamás fueron capaces de reconocer públicamente sus errores o su mala fe. Uno de los acusados murió poco después sin haber recibido resarcimiento ni moral ni patrimonial por los enormes perjuicios que le causó el sistema judicial a su vida y a su familia.

La reciente judicialización de un importante directivo del DAS por inventarse atentados contra el presidente Álvaro Uribe para promoverse laboralmente debe alertar a la justicia acerca de todas esas investigaciones que este organismo oficial pudo haber promovido de cierto tiempo para acá, pues no cabe duda de que el citado personaje no debió ser el único con ganas de ganar prebendas con informes e investigaciones chimbas que, a la larga, pueden generar detenciones y condenas de personas inocentes.

Las causas para que estas situaciones se presenten son múltiples y variadas, y van desde problemas estructurales del mismo sistema judicial (deficientes técnicas de investigación, poca preparación y actualización de los funcionarios judiciales, venalidad y corrupción, mediocridad en la enseñanza del derecho penal, etc.) hasta causas exógenas al mismo, pero que influyen poderosamente en la tendencia de los fallos y el tratamiento de los delitos. Así, por ejemplo, fenómenos sociales como el racismo, la intolerancia religiosa, la persecución política, entre otros, permean el aparato judicial y generan fallos sumarios, sesgados y arbitrarios que, consecuentemente, ocasionan condenas injustas.

En el país hizo carrera hace algún tiempo exigir a los fiscales una cierta cuota mínima de resoluciones acusatorias para efectos de medir su desempeño. Algo así como una tarifa de acusaciones por año, lo que generó una avalancha de procesos penales de todo orden, lo que a su vez atosigó los juzgados y ocasionó prolongados tiempo de detención de personas que finalmente eran declaradas inocentes o no podían ser condenadas por las deficientes pruebas aportadas por la Fiscalía. Muchos de los casos que ahora se conocen son producto de esa infausta y poco conocida practica judicial.

En todo caso, aunque la infalibilidad en estas materias no existe, es deber del Estado tratar de reducir al mínimo posible la existencia de errores judiciales, pues, como lo predicó el legendario penalista italiano Malatesta desde hace casi un siglo, causa mas zozobra social un culpable en libertad que un inocente condenado, porque en este ultimo caso no solo se fomenta la impunidad para quien cometió realmente el delito, dejándole libre para continuar sus fechorías, sino que se envía el mensaje al resto de la comunidad de que cualquiera puede ser victima del sistema judicial aun siendo inocente, creando desconfianza y temor hacia las instituciones judiciales, que precisan todo lo contrario del resto de la sociedad para su supervivencia y credibilidad.

A todas estas, recuerdo de mis años de estudiante de derecho la curiosa y verídica historia de cierto personaje de Popayán, muy conocido no solo por su genial repentismo, sino tambien por su desmedido apego a la botella, quien, en medio de alguna de sus fenomenales borracheras, atinó a quedarse dormido en un potrero cercano al cementerio de la ciudad. Resultó que a pocos metros una persona fue asaltada y muerta a cuchillo. Al día siguiente, cuando la policía acudió al lugar del crimen lo halló aun dormido cerca al cadáver, por lo que lo detuvo acusándolo de haber perpetrado el crimen. Llevado ante el juez de instrucción, el reo escuchó con tranquilidad la lectura de los cargos y cuando se le permitió hablar, alegó lo siguiente: “De modo, Señor Juez, que si por desgracia me hubiese quedado dormido en pleno cementerio, todos esos muertos me los achacarían a mí?...” Ante el contundente argumento, el preso fue liberado de inmediato.