OPINIÓN/ LOS MUERTOS PERDIDOS

Debo confesar, de entrada, que las estadísticas oficiales me producen instintiva desconfianza. Muchos más cuando se refieren a asuntos de mortalidad y seguridad ciudadana. Por eso, parafraseando a Pascal (creo), diría que las estadísticas del Gobierno en esa materia, en la medida en que son ciertas, no tiene que ver con la realidad y, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas.

Ese es el caso precisamente de las estadísticas sobre disminución de los índices de mortalidad violenta en el país y en Cali, que desde hace algunas semanas vienen dando bandazos de tal naturaleza que, a estas alturas, andan embolatados algo así como 3.500 muertos, refundidos en la maraña de las cifras que manejan diversos organismos estatales.

El asunto es así: El periódico El Tiempo publicó el 3 de enero de este año un informe según el cual la Policía reportaba 637 asesinatos menos que el 2004, pasándose de 2.402 muertes violentas a 1.765. Las cifras del Observatorio Social de la Alcaldía arrojaban una reducción de 588 casos. El secretario de Gobierno de Cali, Miguel Yusty, aseguraba con rostro extasiado que la ciudad había bajado a la mitad el número de muertos diarios y que la tasa de homicidios estaría en 48 casos por cada 100 mil personas. El júbilo inmortal era comprensible: Esta era, por mucho, la única noticia buena en el gobierno de Apolinar Salcedo.

El día 6 de enero el mismo periódico El Tiempo reseñaba el informe de Medicina Legal en el que se afirmaba que en el 2.005 se habrían registrado en el país 14.503 casos de muertes violentas, equivalente a un promedio de 40 diarias. Dicha cifra implicaba una reducción de 23 por ciento (4.385 sucesos) con relación al 2004, cuando se contabilizaron 18.888 muertes violentas. En el 2003 se presentaron 22.199; en el 2002, 28.534, y en el 2001, 27.685, aseguraba el mismo informe.

Fresca aun la tinta de la citada noticia, el día 11 de enero El Tiempo sorprendentemente publica un nuevo informe que apaga de un manguerazo el optimismo oficial sobre la materia. En efecto, según el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía (CIC) la cifra de muertes violentas fue de 18.096, es decir, algo así como 3.590 mas que los reportados por Medicina Legal.

Esta nueva estadística implicaría, claro, un replanteamiento de los porcentajes de la pregonada reducción de homicidios con relación al 2004, pues mientras Medicina Legal aseguraba que la disminución fue del 23 por ciento, al pasar de 18.888 asesinatos a 14.503, la Policía afirmaba que esta solo alcanzó el 10,4 por ciento: de 20.208 a 18.096. Por ende, también varía la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. La Policía Nacional dicen que es 39 y Medicina Legal, 31,5.

Aquí en Cali, por supuesto, el brinco fue tremendo. Que como así, que no puede ser, que no es posible, etc. El caso es que para esta ciudad, mientras el Instituto de Medicina Legal señalaba una tasa de homicidios de 127,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2005, el Instituto Cisalva (que es una institución académica, valga la pena anotar) indicó que fue de 87. Es, como puede verse, una diferencia sustancial. La Alcaldía, ni boba que fuera, se inclinó por defender la segunda cifra.

En este rifirrafe de cifras y mas cifras lo único claro es que no hay a quien creerle. Medicina Legal asegura que sus cifras son mas precisas, porque, por ejemplo, mientras la Policía puede reportar una muerte como consecuencia de un accidente de transito, la autopsia puede revelar que fue un homicidio. Debo aclarar que se me hace muy difícil tragarme semejante cosa porque no entiendo como un tipo espichado por un camión viene a resultar después de la necropsia como un homicidio distinto al culposo en accidente de transito. Además, tampoco entiendo eso en que varía la cifra, pues muerte natural no es. ¿O sí?

Lo que sí viene pasando desde hace algún tiempo es que los organismos oficiales, embarcados en una frenética competencia de cifras y guarismos, tratan de cuadrar caja con refinamientos y filtros rebuscados en los números de muertes que reportan. Todo, por cuenta de mostrar resultados por eficiencia en su labor que, puestos en la realidad, sabemos que no son tales. En Cali, valga por caso, si al muñeco lo secuestraron y lo mataron en la ciudad pero lo botaron en Jamundí, que pena, pero ese muerto es de ellos y no de nosotros. Así, claro, cualquier cifra disminuye, porque también si el muerto era de otros lares pero llegó herido y aquí se murió, también lo eliminan de la cifra oficial de la ciudad, pero termina sin ubicación de ninguna clase. Total, el muerto casi nunca protesta.

La causa principal de estas incoherencias estadísticas, por mas retórica que le quieran echar, radica exclusivamente en que son las mismas entidades ofíciales que deben mostrar resultados sobre la materia (Policía, Secretaria de Gobierno, etc.) las encargadas de llevar las cuentas. El resultado es obvio. Entra más peluqueadas resulten las cifras, mas logros se obtienen para darse falsas ínfulas los burócratas de turno. Lo grave es que más allá del problema de imagen de una administración, tenemos la tremenda desconfianza que suscitan estas imprecisiones, incrementada por el hecho de que, al final, nadie aclara nada y todo queda de ese tamaño.

Por eso creo saber que se hicieron los 3.500 muertos extraviados. Resulta que en ese intenso trasteo de difuntos entre entidades se les refundieron, pues, como en todo trasteo, algo se pierde. La pregunta es: ¿Son muertos reales? ¿Se murieron de verdad, los velaron, los lloraron, los metieron en ataúd y los enterraron? ¿O se los inventó algún ignoto digitador trasnochado? ¿Quien puede aclararnos el entuerto? Nadie, según parece, pues aquietado el debate nadie volvió a decir esta boca es mía. Y como los perdidos están muertos, el silencio es sepulcral.

De todas formas, sí aparecen, hagan cualquier cosa con ellos: Un balotto, extradítenlos, repártanlos entre los municipios con menos de 5 muertos al año o algo así. Pero, por favor, no los manden para Cali que por acá, con los que tenemos a diario, hay mas que suficientes.