La reciente muerte del estudiante Johny Silva dentro del campus de la Universidad del Valle y la polémica desatada alrededor de este hecho me recuerda la novela El Titiritero de Gustavo Álvarez Gardeazabal.
Escrita hace ya varias décadas, en medio del fragor de las luchas universitarias de los años 70, si mi memoria no me falla, se basa en un hecho similar ocurrido en Cali en aquella época. Narra, con el desfachatado estilo del autor y desde las perspectivas enfrentadas de quienes, por un lado, pretendían crear un mártir que sirviera de icono de la lucha revolucionaria estudiantil y, por el otro, los que señalaban al muerto como un peligroso delincuente, como la información sobre el hecho y, en especial, sobre la personalidad del estudiante asesinado, se manipula al extremo para desinformar y para ganar adeptos en pro o en contra de las recalcitrante opiniones de los bandos enfrentados. Detrás de esa muerte, un invisible titiritero manipulaba los hilos siniestros de la mentira para ocultar la verdad a favor de un propósito que para cada uno era suficiente justificación.
En Popayán, hacia finales de los 70 también recuerdo el asesinato, a manos supuestamente del Ejército, del estudiante Tuto González, hermano del ex ministro Camilo González, actual y prominente figura intelectual de la izquierda. En su tiempo, el nombre de Tuto sirvió de bandera de protesta en cuanto mitin universitario se celebraba y su nombre, a punta de graffitis y volantes, se volvió famoso, convirtiéndose en una especie de leyenda que todavía se recuerda en esos lares. Sin embargo, sobre la forma y la autoría exacta de su muerte nunca nada se supo. ¿Para qué? A unos les servia su muerte como martirio, por lo que el responsable era el Estado opresor. Y al Estado no le convenía llegar al fondo del asunto para no darles más argumentos a sus opositores, siendo que todo parecía indicar que sí fueron militares los autores del asesinato. Por ende, convenientemente la nebulosa del tiempo sepultó el hecho en el olvido, a excepción de su familia, que seguramente lo recuerdan como hijo o hermano, no como mártir.
Ahora, el debate en Cali se ha centrado sobre la responsabilidad o no de la Policía, a través del ESMAD, en el homic
idio de este joven. Mientras casi todo el estamento universitario, respaldado por el Gobernador del Valle, señala que las fuerzas policiales sí entraron a la sede de la Universidad, ubicadas en el sur de la ciudad, el comandante de esta institución niega esa circunstancia. Este último aduce que no existe evidencia alguna al respecto y que las autoridades universitarias se basan para su señalamiento en testimonios dudosos. Obviamente, también niega de entrada la posibilidad que haya sido una bala oficial la que segó la vida de Johny Silva, pues afirma que los miembros de la fuerza antimotines no acuden armados con armas de fuego a reprimir escaramuzas como las del pasado 22 de septiembre.
Sobre esta situación publicamos aquí dos
fotografías, aparentemente tomadas el día de los hechos, en donde se ve claramente a la Policía dentro del predio universitario. Incluso, en la página donde se publicaron, aparece una fotografía más, prácticamente en primer plano, del estudiante muerto, cuyo rostro se aprecia bañado en sangre. Curiosamente estas fotografías no han aparecido publicadas en los medios de comunicación, siendo que, al menos en principio, son piezas probatorias importantes en el esclarecimiento de esta grave situación.
Lo que llama la atención es la posición de la Policía que, a través de su comandante en Cali, coronel Gómez Méndez, niega rotundamente el ingreso a la universidad, pero que plantea, a su vez, una interesante disyuntiva: Y sí la fuerza policial entró, que podía impedir jurídica o legalmente que lo hiciera, siendo que a esta institución le está otorgada la función de reprimir el delito en cualquier lugar del territorio nacional y que la llamada autonomía universitaria no exime a las universidades de la aplicación de la autoridad en esta materia. La aclaración se hace porque existe en el ambiente la creencia de que si la Policía entró ilegalmente a la Universidad eso automáticamente la convierte en responsable de la muerte del estudiante, lo cual no es necesariamente cierto.
En principio, podría caberle razón al comandante policial. La Constitución le otorga a las autoridades policiales la función de reprimir el delito a lo largo y ancho del territorio nacional, función dentro de la cual puede, en los casos de flagrancia, capturar personas y allanar inmuebles sin previa orden judicial. Y de esta jurisdicción no están eximidas, que sepamos, las universidades, por mas autónomas que se declaren en la misma Carta Fundamental. De esta forma, si un grupo de vándalos, que pueden o no ser estudiantes universitarios, se dedican a dañar automóviles y apedrear edificios en plena vía publica, en ejercicio de un supuesto derecho a protestar violentamente contra algo o alguien (el TLC, en este caso), no se puede aceptar que después de los desmanes corran a cobijarse en los predios de la universidad como si este fuera un territorio blindado contra la acción legítima de la fuerza publica. En tales casos, el operativo policial se encuentra respaldado en el contexto del derecho y la ley.
Pero el hecho de que la Policía esté amparada por la ley para reprimir una asonada estudiantil, no la habilita para emplear una fuerza excesiva y letal, que resulte en daños graves en la integridad física de los involucrados, o en su muerte. La mayoría de los países tienen como norma dotar a sus fuerzas policivas de elementos coercitivos, tales como balas de goma, chorros de agua y gases lacrimógenos, para efectos de reprimir protestas y mítines callejeros. Por tanto, a un operativo de esta clase no puede acudir la Policía dotada con armas de fuego. Y aunque es probable que en el curso de las acciones se presenten ataques armados contra la Fuerza Publica, nada extraño en un país como el nuestro, tampoco esta situación la faculta para abrir fuego indiscriminadamente en un escenario en donde se mezclan culpables con inocentes, y el riesgo de herir o matar a ciudadanos inermes es altísimo.
En el caso de Johny Silva, las primeras indagaciones muestran que el proyectil disparado sería de un arma corta, probablemente tipo pistola. Sin embargo, la fotografía que mencionamos parece mostrar que sufrió varias heridas, dada la profusión de sangre que se aprecia, que no es común en heridas provocadas con este tipo de armas. O que el disparo recibido pudo ser con un arma larga, que ocasiona gran daño físico dada la dimensión y la alta velocidad de sus proyectiles. Por otro lado, al parecer el tipo de proyectil no correspondería a los que usan las fuerzas policiales. Por tanto, como es inevitable, deberá esperarse a que se efectúen todas las exhaustivas investigaciones del caso para sacar conclusiones definitivas.
Lo que si se reclama es que, al menos en este caso, se haga de verdad una investigación seria, que permita saber a ciencia cierta frente a toda la ciudadanía caleña, y en especial a la dolorida familia de este joven, que fue lo que pasó esa fatídica tarde. Probablemente, Johny estaba en el lugar de su asesinato pretendiendo estudiar con el ahínco y la dedicación que su familia y sus amigos declaran que lo hacia, tal vez con el propósito soñado de ser un profesional y de ayudar a su humilde familia. Pero de lo que si estoy seguro es que, cualquier cosa que estuviera haciendo o pensando, nada tenia que ver con convertirse en un mártir forzoso de una causa que, por ahora, nadie tiene clara ni nadie entiende.
Paz en su tumba.
Escrita hace ya varias décadas, en medio del fragor de las luchas universitarias de los años 70, si mi memoria no me falla, se basa en un hecho similar ocurrido en Cali en aquella época. Narra, con el desfachatado estilo del autor y desde las perspectivas enfrentadas de quienes, por un lado, pretendían crear un mártir que sirviera de icono de la lucha revolucionaria estudiantil y, por el otro, los que señalaban al muerto como un peligroso delincuente, como la información sobre el hecho y, en especial, sobre la personalidad del estudiante asesinado, se manipula al extremo para desinformar y para ganar adeptos en pro o en contra de las recalcitrante opiniones de los bandos enfrentados. Detrás de esa muerte, un invisible titiritero manipulaba los hilos siniestros de la mentira para ocultar la verdad a favor de un propósito que para cada uno era suficiente justificación.
En Popayán, hacia finales de los 70 también recuerdo el asesinato, a manos supuestamente del Ejército, del estudiante Tuto González, hermano del ex ministro Camilo González, actual y prominente figura intelectual de la izquierda. En su tiempo, el nombre de Tuto sirvió de bandera de protesta en cuanto mitin universitario se celebraba y su nombre, a punta de graffitis y volantes, se volvió famoso, convirtiéndose en una especie de leyenda que todavía se recuerda en esos lares. Sin embargo, sobre la forma y la autoría exacta de su muerte nunca nada se supo. ¿Para qué? A unos les servia su muerte como martirio, por lo que el responsable era el Estado opresor. Y al Estado no le convenía llegar al fondo del asunto para no darles más argumentos a sus opositores, siendo que todo parecía indicar que sí fueron militares los autores del asesinato. Por ende, convenientemente la nebulosa del tiempo sepultó el hecho en el olvido, a excepción de su familia, que seguramente lo recuerdan como hijo o hermano, no como mártir.
Ahora, el debate en Cali se ha centrado sobre la responsabilidad o no de la Policía, a través del ESMAD, en el homic
idio de este joven. Mientras casi todo el estamento universitario, respaldado por el Gobernador del Valle, señala que las fuerzas policiales sí entraron a la sede de la Universidad, ubicadas en el sur de la ciudad, el comandante de esta institución niega esa circunstancia. Este último aduce que no existe evidencia alguna al respecto y que las autoridades universitarias se basan para su señalamiento en testimonios dudosos. Obviamente, también niega de entrada la posibilidad que haya sido una bala oficial la que segó la vida de Johny Silva, pues afirma que los miembros de la fuerza antimotines no acuden armados con armas de fuego a reprimir escaramuzas como las del pasado 22 de septiembre.Sobre esta situación publicamos aquí dos
fotografías, aparentemente tomadas el día de los hechos, en donde se ve claramente a la Policía dentro del predio universitario. Incluso, en la página donde se publicaron, aparece una fotografía más, prácticamente en primer plano, del estudiante muerto, cuyo rostro se aprecia bañado en sangre. Curiosamente estas fotografías no han aparecido publicadas en los medios de comunicación, siendo que, al menos en principio, son piezas probatorias importantes en el esclarecimiento de esta grave situación.Lo que llama la atención es la posición de la Policía que, a través de su comandante en Cali, coronel Gómez Méndez, niega rotundamente el ingreso a la universidad, pero que plantea, a su vez, una interesante disyuntiva: Y sí la fuerza policial entró, que podía impedir jurídica o legalmente que lo hiciera, siendo que a esta institución le está otorgada la función de reprimir el delito en cualquier lugar del territorio nacional y que la llamada autonomía universitaria no exime a las universidades de la aplicación de la autoridad en esta materia. La aclaración se hace porque existe en el ambiente la creencia de que si la Policía entró ilegalmente a la Universidad eso automáticamente la convierte en responsable de la muerte del estudiante, lo cual no es necesariamente cierto.
En principio, podría caberle razón al comandante policial. La Constitución le otorga a las autoridades policiales la función de reprimir el delito a lo largo y ancho del territorio nacional, función dentro de la cual puede, en los casos de flagrancia, capturar personas y allanar inmuebles sin previa orden judicial. Y de esta jurisdicción no están eximidas, que sepamos, las universidades, por mas autónomas que se declaren en la misma Carta Fundamental. De esta forma, si un grupo de vándalos, que pueden o no ser estudiantes universitarios, se dedican a dañar automóviles y apedrear edificios en plena vía publica, en ejercicio de un supuesto derecho a protestar violentamente contra algo o alguien (el TLC, en este caso), no se puede aceptar que después de los desmanes corran a cobijarse en los predios de la universidad como si este fuera un territorio blindado contra la acción legítima de la fuerza publica. En tales casos, el operativo policial se encuentra respaldado en el contexto del derecho y la ley.
Pero el hecho de que la Policía esté amparada por la ley para reprimir una asonada estudiantil, no la habilita para emplear una fuerza excesiva y letal, que resulte en daños graves en la integridad física de los involucrados, o en su muerte. La mayoría de los países tienen como norma dotar a sus fuerzas policivas de elementos coercitivos, tales como balas de goma, chorros de agua y gases lacrimógenos, para efectos de reprimir protestas y mítines callejeros. Por tanto, a un operativo de esta clase no puede acudir la Policía dotada con armas de fuego. Y aunque es probable que en el curso de las acciones se presenten ataques armados contra la Fuerza Publica, nada extraño en un país como el nuestro, tampoco esta situación la faculta para abrir fuego indiscriminadamente en un escenario en donde se mezclan culpables con inocentes, y el riesgo de herir o matar a ciudadanos inermes es altísimo.
En el caso de Johny Silva, las primeras indagaciones muestran que el proyectil disparado sería de un arma corta, probablemente tipo pistola. Sin embargo, la fotografía que mencionamos parece mostrar que sufrió varias heridas, dada la profusión de sangre que se aprecia, que no es común en heridas provocadas con este tipo de armas. O que el disparo recibido pudo ser con un arma larga, que ocasiona gran daño físico dada la dimensión y la alta velocidad de sus proyectiles. Por otro lado, al parecer el tipo de proyectil no correspondería a los que usan las fuerzas policiales. Por tanto, como es inevitable, deberá esperarse a que se efectúen todas las exhaustivas investigaciones del caso para sacar conclusiones definitivas.
Lo que si se reclama es que, al menos en este caso, se haga de verdad una investigación seria, que permita saber a ciencia cierta frente a toda la ciudadanía caleña, y en especial a la dolorida familia de este joven, que fue lo que pasó esa fatídica tarde. Probablemente, Johny estaba en el lugar de su asesinato pretendiendo estudiar con el ahínco y la dedicación que su familia y sus amigos declaran que lo hacia, tal vez con el propósito soñado de ser un profesional y de ayudar a su humilde familia. Pero de lo que si estoy seguro es que, cualquier cosa que estuviera haciendo o pensando, nada tenia que ver con convertirse en un mártir forzoso de una causa que, por ahora, nadie tiene clara ni nadie entiende.
Paz en su tumba.
