martes, 21 de febrero de 2006

OPINION/LA JUSTICIA BUSCA JUSTICIA

Se anuncia un paro nacional judicial indefinido, cuya hora cero se daría probablemente a finales del presente mes. Así lo pregonan los carteles que ahora pululan en las paredes del Palacio de Justicia de esta ciudad y de otras más en el país.

Hasta allí el asunto no pasaría de ser uno de los tantos paros laborales que, con cierta regularidad, hacen los empleados oficiales por diversas causas. Pero es de temer que esta vez el asunto sería realmente catastrófico teniendo en cuenta la circunstancia del nuevo sistema oral acusatorio que nos rige en materia penal. Los directivos sindicales han manifestado la intención de promover una parálisis total de la justicia, incluyendo diligencias como el levantamiento de cadáveres y las audiencias de legalización de capturas que, de producirse, haría colapsar gravemente todo el aparato judicial en esa delicada área.

Solo basta echar una ojeada a las normas procesales que soportan el sistema acusatorio en vigencia para entender la magnitud de la crisis potencial a que este se hallaría avocado. De no funcionar los juzgados de garantías y de legalización de capturas, por ejemplo, todas las personas detenidas en la comisión de delitos graves como el homicidio y otros, tendrían que ser puestas en libertad inmediata después de las 36 horas de su detención, así hallan sido capturados en flagrancia.

Es claro que los términos que conlleva el sistema acusatorio, casi todos perentorios, eventualmente se vencerían, ocasionando la obligación de dejar en libertad a muchos de los sindicados de los delitos mas graves, por un lado y por el otro, de entrar en un estado de denegación absoluto del derecho fundamental a la justicia que cobija a todos los ciudadanos que acudan a denunciar o a demandar durante la época del paro anunciado. Como puede verse, al final siempre es el ciudadano de a pie el que resultaría afectado por cuenta de este nuevo pulso entre el Gobierno y los empleados judiciales.

Pero, ¿cuales serian las razones para esta medida extrema? Según los avisos mencionados, se tratan de reivindicaciones laborales, como ajustes de sueldos, primas profesionales y prerrogativas similares que, por lo visto, se encuentran inamovibles desde hace cerca de doce años. Esto no sería extraordinario. Lo que si lo parece es que la protesta laboral tiene un amplio respaldo en la base del sistema judicial, es decir, de secretarios de juzgados y auxiliares para abajo, a diferencia de otros movimientos similares que ponían de presente y por delante a magistrados, jueces y fiscales.

Desde este punto de vista es necesario reconocer que estos funcionarios son sobre los que se recarga la mayor parte del trabajo judicial. Y, precisamente, son los peor pagados del sistema. La diferencia salarial entre el titular del despacho (juez, magistrado o fiscal) con cualquiera de sus subalternos es profunda, a pesar de que es muy sabido que es sobre estos últimos que recae la mayor parte de los actuaciones que le dan vida a los procesos judiciales.

El año pasado se expidieron algunas normas generales que buscaban la nivelación y el mejoramiento de esta remuneración, pero el Gobierno nacional ha tratado de imponer algunos requisitos que, de entrada, son inadmisibles por lesivos y peligrosos hasta para los mismos usuarios del aparato judicial. Es el caso de la llamada “cuota mínima”, algo así como una especie de tarifa laboral, que de no cumplirse impediría que el funcionario logre la nivelación salarial respectiva. Esto entraña el riesgo de que dichos funcionarios, apremiados por cumplir con su cuota, se dediquen a terminar y fallar procesos a como de lugar, con los riesgos inherentes de incurrir en injusticias aun mayores que las que ahora se pueden ver con cierta frecuencia.

Los recursos humanos, técnicos y de logística con que cuenta la llamada justicia oral son tan precarios que uno no se explica como medianamente logra funcionar. En el caso de Cali y el Valle, valga el ejemplo, se cuenta con un solo perito grafólogo para todos los casos de la ciudad y el departamento, llegando a acumular este solo funcionario más de 200 diligencias periciales. ¿Cuando podría humanamente evacuarlas? Y el caso es igual para casi todas las disciplinas forenses. Los locales necesarios para el funcionamiento de salas de audiencia y juzgados de garantías aun se encuentran en construcción, a pesar de que vamos casi por el tercer mes del año y que se conocía desde hacia mas de dos años que empezaba a regir el nuevo sistema penal desde enero de 2.006.

Y los de la justicia civil, laboral y administrativa están en las mismas. La acumulación de expedientes y las increíbles demoras para su finiquitación son sus rasgos más distintivos, por lo que el promedio de demora en los fallos judiciales ya ronda los 4 años y más, para la primera y segunda, y casi 10 para la tercera. Bajo esa idea un abogado podría terminar su vida útil y no haber logrado el fallo de fondo de más de dos o tres procesos de estos. De ahí que, pongamos por caso, una diligencia de embargo por estos días puede ser programada a mas de dos o tres años de haber sido decretada, por lo que los procesos de ejecución son, por ahora, un saludo a la bandera. Ni hablar de los demás.

Otra situación que afecta al gremio judicial es la gran cantidad de funcionarios judiciales asesinados en la última década. Y muchos más se encuentran exiliados forzosamente por cuenta de amenazas que en este país, desgraciadamente, hay que tomárselas en serio. Por eso, no es coincidencia que junto con los avisos convocando al paro se encuentran carteleras con fotografías y datos personales de los jueces, fiscales e investigadores fallecidos violentamente. Son muchos, y se sabe que detrás de cada uno de ellos hay familias, esposas, hijos, madres, hermanos y demás, lastimados por sus injustas muertes.

Lo extraño es que estas muertes tienen un alto porcentaje de impunidad. Extraño, digo, porque siendo los muertos de la misma entraña del sistema judicial uno esperaría mayor efectividad en las investigaciones. Pero en realidad la justicia que tenemos refleja muy bien las lacras sociales, económicas y políticas que nos aquejan desde hace mucho, así que no es posible pedirle peras al olmo.

Bajo este panorama lo que deviene de un paro de esta magnitud es cosa grave, mas aun en un año electoral y en medio de una virulenta campaña política en la que la justicia ha cobrado protagonismo inesperado. Solo resta esperar como evoluciona la protesta y, sobre todo, cual será la respuesta estatal.

Pero no esperemos nada bueno de todo esto, la verdad sea dicha.

2 comentarios:

  1. Y realmente, si la justicia en este país ni siquiera cojea, qué se puede esperar de ella? Panorama apocalíptico, Vopa. Y entonces, qué hacer?

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  2. A La Rana:
    Poco, muy poco es lo que se puede hacer. Los problemas de la justicia son estructurales, es decir, de esos que a veces ni con plata se arreglan. Tocara alquilar balcon y esperar a ver que pasa. Saludos.

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