martes, 26 de julio de 2005

"LOS MUERTOS QUE VOS MATAÍS...

... gozan de buena salud”, recita el verso del romancero español. Y esta rima se torna mas que precisa para aplicársela a la justicia colombiana. Así lo destaca el columnista Francisco Lloreda en El País cuando afirma que lo que hace el sistema judicial muchas veces es atropellar a los ciudadanos, al referirse a las noticias de la última semana acerca de dos casos en los cuales un hombre fue condenado injustamente a 43 años, de los cuales pagó un año, y otro estuvo preso por mas de once años por un crimen que nunca cometió.

Los errores judiciales son un defecto endémico de todo sistema de justicia. No es, pues, un mal colombiano exclusivamente. Todos hemos leído acerca de famosos casos judiciales que se resolvieron muchos años después, gracias a pruebas analizadas o acopiadas tardíamente, que permitieron que se reconociera la inocencia de hombres y mujeres encarcelados de manera injusta.

En Estados Unidos es tema inveterado el caso de Sacco y Vanzetti, ajusticiados en la silla eléctrica por asesinato en 1.927, siendo que después se supo que eran inocentes, tal como ellos lo alegaron hasta el ultimo minuto de sus vidas. Solo 50 años después se les declaró inocentes y se pidió perdón a sus familias por el gobernador de Massachussets de ese entonces. Tambien fue celebre el caso del ex boxeador “Huracán” Carter, que fue tema de una reciente película protagonizada por Denzel Washington. Últimamente, con la modernización de las técnicas forenses y en especial, con el auge de la prueba del ADN, son liberados con frecuencia reos encarcelados por errores judiciales.

El país recuerda que en el caso Galán, que se puso de moda nuevamente gracias a la vinculación de Alberto Santofimio como nuevo sindicado, tuvo tantos bandazos erráticos en los albores de la investigación que varias personas inocentes fueron capturadas, mostradas por los medios a todos el país y procesadas como participes de una conspiración para matar al candidato. Después resultó toda una febril y acomodada versión de los investigadores, a cuya cabeza estaba el General Maza y un oscuro coronel Peláez, que jamás fueron capaces de reconocer públicamente sus errores o su mala fe. Uno de los acusados murió poco después sin haber recibido resarcimiento ni moral ni patrimonial por los enormes perjuicios que le causó el sistema judicial a su vida y a su familia.

La reciente judicialización de un importante directivo del DAS por inventarse atentados contra el presidente Álvaro Uribe para promoverse laboralmente debe alertar a la justicia acerca de todas esas investigaciones que este organismo oficial pudo haber promovido de cierto tiempo para acá, pues no cabe duda de que el citado personaje no debió ser el único con ganas de ganar prebendas con informes e investigaciones chimbas que, a la larga, pueden generar detenciones y condenas de personas inocentes.

Las causas para que estas situaciones se presenten son múltiples y variadas, y van desde problemas estructurales del mismo sistema judicial (deficientes técnicas de investigación, poca preparación y actualización de los funcionarios judiciales, venalidad y corrupción, mediocridad en la enseñanza del derecho penal, etc.) hasta causas exógenas al mismo, pero que influyen poderosamente en la tendencia de los fallos y el tratamiento de los delitos. Así, por ejemplo, fenómenos sociales como el racismo, la intolerancia religiosa, la persecución política, entre otros, permean el aparato judicial y generan fallos sumarios, sesgados y arbitrarios que, consecuentemente, ocasionan condenas injustas.

En el país hizo carrera hace algún tiempo exigir a los fiscales una cierta cuota mínima de resoluciones acusatorias para efectos de medir su desempeño. Algo así como una tarifa de acusaciones por año, lo que generó una avalancha de procesos penales de todo orden, lo que a su vez atosigó los juzgados y ocasionó prolongados tiempo de detención de personas que finalmente eran declaradas inocentes o no podían ser condenadas por las deficientes pruebas aportadas por la Fiscalía. Muchos de los casos que ahora se conocen son producto de esa infausta y poco conocida practica judicial.

En todo caso, aunque la infalibilidad en estas materias no existe, es deber del Estado tratar de reducir al mínimo posible la existencia de errores judiciales, pues, como lo predicó el legendario penalista italiano Malatesta desde hace casi un siglo, causa mas zozobra social un culpable en libertad que un inocente condenado, porque en este ultimo caso no solo se fomenta la impunidad para quien cometió realmente el delito, dejándole libre para continuar sus fechorías, sino que se envía el mensaje al resto de la comunidad de que cualquiera puede ser victima del sistema judicial aun siendo inocente, creando desconfianza y temor hacia las instituciones judiciales, que precisan todo lo contrario del resto de la sociedad para su supervivencia y credibilidad.

A todas estas, recuerdo de mis años de estudiante de derecho la curiosa y verídica historia de cierto personaje de Popayán, muy conocido no solo por su genial repentismo, sino tambien por su desmedido apego a la botella, quien, en medio de alguna de sus fenomenales borracheras, atinó a quedarse dormido en un potrero cercano al cementerio de la ciudad. Resultó que a pocos metros una persona fue asaltada y muerta a cuchillo. Al día siguiente, cuando la policía acudió al lugar del crimen lo halló aun dormido cerca al cadáver, por lo que lo detuvo acusándolo de haber perpetrado el crimen. Llevado ante el juez de instrucción, el reo escuchó con tranquilidad la lectura de los cargos y cuando se le permitió hablar, alegó lo siguiente: “De modo, Señor Juez, que si por desgracia me hubiese quedado dormido en pleno cementerio, todos esos muertos me los achacarían a mí?...” Ante el contundente argumento, el preso fue liberado de inmediato.